Fuente Texto y Foto: La Nación

Lo que se presentó como una operación normal de “liquidación” de la empresa Metalúrgica Fernández terminó siendo un sistema de estafa a gran escala, que tuvo como víctimas desde docentes indígenas hasta los principales bancos del país, por montos todavía incalculables.

La maquinaria empezó a funcionar gracias a llamativas medidas de un juez de Capiatá, quien facilitó todos los resortes jurídicos para dar pie a lo que podría ser la gran estafa paraguaya. La Nación inicia hoy una serie de publicaciones sobre este caso.

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Relato

Victorina muestra la motocicleta de la marca “Radam” que le entregaron en el 2012 unos vendedores de la Metalúrgica Fernández. Tiene fundido el motor, el asiento ya no sirve y las ruedas necesitan ser cambiadas. “Un mes después de que me dejaron, ya no funcionaba su batería. Tuve que cambiar. Por esta moto me dejaron sin sueldo durante tres años” cuenta Victorina, mientras “pasea” la motoneta en su patio.

Victorina Páez Ortiz es una docente indígena de 34 años de la comunidad La Armonía, del distrito de Teniente Irala Fernández, Chaco paraguayo. Este lunes 17, la temperatura baja considerablemente y el viento, violento y frío, parece tener pequeñas navajas que abren mínimas heridas en los rostros de la gente. Victorina, su madre Victoria y su padre Mario reciben al equipo de La Nación en su casa de madera y eternit ubicada en el corazón de la Aldea 5, uno de los siete que forman esta comunidad, donde viven 75 familias que están sin agua potable desde hace mes y medio.

Tan paradójico, como real. Victorina es una de las víctimas de un complejo, pero a la vez simple sistema de engaño que parece haber sido ideado desde la Metalúrgica Fernández.

El esquema habría encontrado en el juez de Capiatá, Manuel Gerardo Saifildin Stanley, un aliado perfecto. Este entramado perjudicó, hasta ahora, a al menos 500 maestros indígenas, corredores de bolsas y a casi todos los bancos de nuestro medio.

En el caso de los docentes, el sistema funcionó básicamente así: A Victorina le dejaron la moto y unos documentos para autorizar los descuentos de su sueldo, a través de una asociación de educadores, en este caso, del departamento Central.

Los operadores de la Metalúrgica fueron tan gentiles que gestionaron las autorizaciones de descuentos al Ministerio de Educación (MEC) y al Banco de Fomento (BNF). Para eso, le hicieron firmar a Victorina varias autorizaciones en blanco.

Es decir, sin rellenar las cifras ni los equipos a comprar. Supuestamente, la idea era ir agregando los montos de acuerdo a la disponibilidad monetaria de la docente. Sin embargo, Victorina, ni ninguna otra profesora que cayó en el sistema, se imaginó lo que se venía.

Lo que en principio tuvo que ser un descuento de G. 250.000 en 12 cuotas, terminó siendo una deuda interminable para Victorina. Desde la Metalúrgica nunca le devolvieron los pagarés y a pocos meses de recibir la moto, en marzo del 2012, los descuentos empezaron a ser cada vez más compulsivos y grandes. De los G. 1.800.000 que percibía mensualmente, Victoria vio cómo en su cuenta quedaban apenas G. 50.000 a fin de mes. En total, a Victorina le sacaron G. 30 millones.

Desde la Metalúrgica –y también otras empresas que utilizaban el mismo esquema– terminaron embargando prácticamente todo el sueldo de Victorina y otras docentes, siempre a través de la Asociación de Educadores de Central.

Toda esta situación fue denunciada por los docentes indígenas ante la Fiscalía de Filadelfia, Chaco, pero no tuvieron respuestas. Recién en la Fiscalía de Asunción lograron una mayor receptividad. La lucha de Victorina y sus colegas continúa hasta hoy.

Imputación fiscal

La fiscala Teresa Sosa investiga desde el 2015 un gigantesco sistema de estafa a docentes a través de casas comerciales. Metalúrgica Fernández aparece justamente entre las firmas investigadas.

La oficina de Sosa está atestada de documentos. Resoluciones, expedientes, pedidos de informes, carpetas y biblioratos casi no dejan lugar para las dos asistentes que trabajan con la fiscala. Solamente en el caso de la investigación de estafa a docentes, Sosa tiene casi 2.000 posibles víctimas.

El sistema involucra a decenas de empresas y encuentra en la gente vulnerable -principalmente docentes indígenas y otros con ingresos muy bajos- a la parte más afectada.

En el caso concreto de la Metalúrgica Fernández, la representante del Ministerio Público cree que hay como 500 víctimas. Son números todavía imposible de confirmar, por lo complejo del caso.

El esquema involucra directamente a dos agremiaciones de Docentes: la Asociación de Educadores del Área Central y la Asociación de Educadores de Areguá. En todos los casos que investiga la fiscala Sosa, el mecanismo es prácticamente el mismo; el docente firma una autorización y luego las empresas se encargan de llenar los montos. A todos los profesores les quitaron todo lo que podían.

El sistema involucra a decenas de empresas y encuentra en la gente vulnerable –principalmente docentes indígenas y otros con ingresos muy bajos– a la parte más afectada. En el caso concreto de la Metalúrgica Fernández, la representante del Ministerio Público cree que hay como 500 víctimas.

El 3 de marzo del 2017, la fiscala Sosa imputó por supuesta estafa a Ángel Trinidad Fernández Ozuna, propietario de Metalúrgica Fernández.

La imputación se basa en una denuncia –de las tantas existentes– de un docente del área Central, al que le cargaron una cuenta de G. 11 millones por compras que ni siquiera recordaba. El dinero, hasta ahora, no fue recuperado.

“Estamos investigando un posible caso de estafa, documentos con contenidos no auténticos y también usura”, dice la representante del Ministerio Público a La Nación.

Los docentes de la Comunidad La Armonía, que denuncian la estafa. Los docentes de la Comunidad La Armonía, que denuncian la estafa.

Otros casos

En la comunidad indígena de “La Armonía”, el caso de Victorina no es el único. En apenas una mañana, el equipo de La Nación obtiene otros testimonios. Menciso Ramírez recorre con una carpeta amarilla bajo el brazo, buscando alguna respuesta a su problema.

Al igual que Victorina, Menciso también fue víctima de los compulsivos descuentos de su sueldo gracias a deudas con la Metalúrgica Fernández y otras firmas. “Estoy hace tres años sin cobrar un solo guaraní de mi sueldo” dice Ramírez. Tiene un hijo, y como para sostener la economía de su casa, además de seguir trabajando como docente, trabaja en chacras ajenas para conseguir un poco de dinero.

Narcia Wiens, que lleva seis años trabajando como docente, no pudo cobrar su sueldo como tal durante tres años por este mismo problema con Metalúrgica Fernández. A ella, que también enseña en la escuela 3 de Agosto, le vendieron una TV de 29 pulgadas en el 2012. Los descuentos, entre la Metalúrgica y otras empresas, terminaron por dejarla apenas con G. 5.000 a fin de mes. “Después de dos meses que compré la tele, ya no me sobró nada de mi sueldo” expone Narcia.

“Les dejaban sin el pan”

María Victoria Villalba es presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) en Villa Hayes. Desde hace dos años que trabaja con los docentes indígenas y no indígenas víctimas de este esquema. El nombre de Metalúrgica Fernández, en ese sentido, le resulta tristemente familiar.

“Tenemos muchísimos casos en donde docentes del Chaco denuncian el descuento casi completo de sus sueldos por parte de esta empresa. Estimamos que hay como 500 o 700 docentes afectados” expresa Villalba.

La docente trabaja tratando, en primer lugar, de determinar el monto que se le descuenta a sus colegas para después buscar la manera de recuperar el dinero, mediante demandas judiciales. Hasta ahora, con varias empresas pudieron llegar a un acuerdo, pero con Metalúrgica Fernández, el proceso de recuperación de dinero es prácticamente imposible, dice.

“A muchos docentes les dejaban sin el pan. Es muy triste todo esto” señala Villalba. Dice que debido al volumen de las denuncias en el área de los docentes, además de la fiscala Sosa, también tienen investigaciones en estas causas las fiscales Susy Riquelme y Silvana Otazú.

La estafa a los educadores es apenas una pata de toda esta historia.

La Nación intentó conversar por todos los medios con el propietario de Metalúrgica Fernández y con su abogado, pero no obtuvo respuesta.

Un juez, un gran aliado

Metalúrgica Fernández empezó como un negocio de chapería y pintura en Ciudad del Este a finales de los años ’90, y con el paso del tiempo se convirtió en un gigante de la industria, llegando incluso a ensamblar motos y autos. Desde el 2008 empezó a operar con capital abierto y a cotizar en la Bolsa de Valores de Asunción. Por esta razón pasó de ser SRL a SA. En dicho año fue habilitada para emitir títulos de deuda por G. 3.000 millones y un millón de dólares.

El 5 de julio del 2013, Metalúrgica Fernández llamó a concurso de acreedores en el Juzgado de Capiatá, alegando problemas económicos causados por la” crisis mundial”. ¿Esto qué significa? Que pidió a la Justicia intervenir para manejar financieramente la empresa, principalmente con el objetivo de pagar a todos sus acreedores.

El mismo día del pedido, el juez Manuel Gerardo Saifildin Stanley hizo el reconocimiento judicial de la empresa y apenas dos días después –algo que en el sector consideran inusualmente rápido, ya que este proceso generalmente dura 20 a 30 días– el magistrado aceptó el pedido de llamado a acreedores.

Según las leyes que regulan las quiebras, una vez que se hace el llamado a acreedores, el juez debe dar inmediata participación al síndico de Quiebras. El trabajo de éste consiste en controlar que se haga un proceso correcto. En este caso, recién ocho meses después del llamado Saifildin Stanley dio participación al síndico Camilo Benítez.

A pesar de transcurrido este tiempo, Benítez encontró millonarias y serias deficiencias financieras en los balances presentados por Metalúrgica Fernández y emitió un informe lapidario. Además, solicitó que se declare la quiebra de la empresa.

Si bien el llamado a acreedores se hizo en julio del 2013, hasta ahora el juez Saifildin Stanley no dictó sentencia para cerrar la etapa de verificación de acreedores. Esto significa determinar quienes son los verdaderos acreedores de la empresa (a quienes se les debe ya sea en bonos, créditos, títulos, etc.) para ir pagando.

Según la ley, este proceso no puede exceder más de 40 días una vez que se realiza el llamado, pero en el caso de esta metalúrgica, ya pasaron cuatro años. En las próximas publicaciones revelaremos más datos sobre este engorroso proceso, además de los nombres de supuestos “acreedores”.

Victorina, quien atiende a 10 alumnos en la escuela 3 de Agosto de la comunidad La Armonía, bautizada así hace 29 años y donde todavía creen en la honestidad como valor humano, se aferra a una esperanza: “Quiero que esto sirva para que a otros docentes no vuelvan a engañarlos. A mí me dejaron sin nada durante muchos años”.

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